Teléfonos a $400 mil y venta de carne a reos: revelan cómo operaba red de corrupción en Gendarmería
Un amplio operativo encabezado por la Fiscalía Occidente permitió desarticular una compleja red de corrupción que afecta a Gendarmería.
De acuerdo a los primeros antecedentes, este grupo operaba al interior de nueve centros penitenciarios del país, entre ellos las cárceles de Santiago 1 y San Joaquín.
La diligencia se desplegó de manera simultánea en siete regiones: Metropolitana, Maule, Biobío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O’Higgins.
¿Cómo se destapó la red de corrupción en Gendarmería?
Mediante un procedimiento denominado “Operación Apocalipsis”, se llevó a cabo la detención de 66 personas, de las cuales 44 corresponden a funcionarios de Gendarmería, marcando uno de los golpes más significativos contra la corrupción penitenciaria en los últimos años.
El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, detalló que, de los funcionarios involucrados, 40 mantenían órdenes de detención vigentes.
En tanto, otros cuatro efectivos resultaron sorprendidos en delito flagrante al interior del penal Santiago 1.
Como parte de las diligencias, el Ministerio Público ordenó el congelamiento de 183 cuentas bancarias, además de la incautación de 9 propiedades, 16 vehículos y cerca de $50 millones en dinero en efectivo.
Asimismo, se detectaron infracciones a la Ley de Drogas, a la Ley de Control de Armas y el ingreso ilegal de teléfonos celulares a los recintos penitenciarios.
¿Qué son los ‘manilleros’?
De acuerdo con la investigación, estas prácticas eran posibles debido a una colusión sistemática entre funcionarios de Gendarmería y civiles, quienes facilitaban el ingreso irregular de objetos prohibidos, drogas e incluso alimentos a las cárceles.
Uno de los mecanismos detectados operaba a través del sector de encomiendas.
En ese contexto, personas conocidas como “manilleros” o “manillas”, ubicadas en las afueras de los recintos, permitían que civiles se inscribieran como supuestas visitas de internos, lo que les daba acceso para trasladar elementos ilegales destinados al tráfico y comercialización interna de drogas y celulares.
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que la Fiscalía inició en marzo de 2023 un foco especializado en delitos penitenciarios, trabajo que permitió concretar este operativo.
“No solo aquellos que eran consecuencia de la actividad delictual de los internos, sino que también aquellos de los cuales los propios internos son víctimas, cuando son cometidos por funcionarios públicos, por funcionarios de Gendarmería”, señaló.
El “ecosistema delinctico” que impresionó a las autoridades
Según información revelada por Radio Bío Bío y abordada en el matinal Tu Día, la Fiscalía y la PDI lograron identificar tres formas de operación dentro de este denominado “ecosistema delictivo”.
Encargos directos de internos:
Los reos solicitaban celulares, drogas u otros artículos prohibidos, mientras los funcionarios recibían pagos mediante transferencias bancarias, depósitos en Cuenta RUT o dinero en efectivo, estableciendo vínculos comerciales estables.
Venta directa por parte de gendarmes:
Algunos funcionarios ingresaban productos por iniciativa propia para venderlos dentro del penal a precios excesivos, incluyendo alimentos como carne para asados y bebidas alcohólicas.
Reventa de especies incautadas:
La investigación también reveló que ciertos gendarmes sustraían equipos incautados durante allanamientos y posteriormente los revendían, incluso, a los mismos internos, a quienes se les habían decomisado.
Las tarifas detectadas en la investigación incluyen:
- Teléfono celular: entre $350.000 y $400.000
- Cargador: $50.000
- Chip: $15.000
Cabe señalar que el caso continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días la Fiscalía entregue nuevos antecedentes sobre una trama que expuso graves falencias en el control interno de los recintos penitenciarios del país.
