Este lunes se llevó a cabo la formalización por homicidio simple contra el carabinero que disparó y dio muerte al malabarista Francisco Martínez durante un control de identidad en Panguipulli, región de Los Ríos.

En dicha instancia, el Juzgado de Garantía de Panguipulli decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total para el detenido.

Frente a esta situación, el abogado querellante Rodrigo Román, conversó en Hola Chile para referirse a este proceso: “Yo creo que la fiscalía está al debe con la sociedad chilena, porque la fiscalía ha actuado una vez con un doble estándar inaceptable”, afirmó.

El abogado prosiguió señalando que en ningún caso existe algún testigo civil que reafirme la amenaza de muerte efectuada por el malabarista. “Es el relato que supuestamente dan los dos policías que acompañaban al sargento González, ese es relato levantado por otro órgano del Estado que es la Policía de Investigaciones, respecto al cual está por verse si habrían o no actuado con objetividad respecto a la secuencia de los hechos”, declaró.

“Lo que dice el testigo supuestamente, que sería una locataria del lugar distante a 20 metros aproximadamente, que pudo haber visto la escena entre la primera interacción entre el policía y Francisco, y en esa interacción no se produce ninguna amenaza”, se refirió Román sobre la persona que declaró sobre lo sucedido.

En tanto sobre lo relacionado con el actuar de carabineros, el abogado fue tajante en afirmar que no prestaron ayuda: “Ellos mismos registran que los carabineros están tres minutos expectantes mirando cómo se muere este chico y luego se van, y no hacen ningún gesto ni siquiera un ademán de auxilio”, aclaró.

Además, aprovechó de criticar duramente a las autoridades declarando que existe una enorme desigualdad, la cual según afirma, está presente en este proceso: “Esta fiscalía de Chile actúa de manera distinta cuando se trata de una disidencia de los mapuches, cuando se trata de un policía actúa de manera distinta”.

Apelación

Para finalizar, Rodrigo Román confirmó que durante la jornada de este miércoles, él junto a colegas del Instituto de Derechos Humanos, presentarán una apelación del caso.

“Vamos a apelar para que se revoque la resolución y se ordene la prisión preventiva, y que se ordene también a un tema importante, nosotros vamos a debatir que dicha prisión preventiva se cumpla en recinto común y ordinario”, concluyó.