Diputados RN oficiaron al presidente de Metro para que, además de acciones judiciales, se proceda contra los padres de los menores de edad que causaron daños a los torniquetes durante la jornada del viernes 25. Además, instaron a la ministra Carolina Tohá para que investigue los hechos.
Los documentos están firmados por los jefes de la bancada, Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, además de Mauro González, que integra la Comisión de Transportes.
“A todos los que creen que destruir infraestructura pública es gratis, se les debe perseguir de acuerdo a su edad, y, en el caso de que corresponda, los padres deberán responder. Los chilenos no podemos seguir respondiendo con nuestros impuestos”, señaló el diputado Frank Sauerbaum.
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González añadió que “ya está bueno de permitir esta destrucción de bienes y que luego nadie se haga responsable. Si los estudiantes creen que su edad les permite destruir sin consecuencias, pues tendrán sus padres que hacerse cargo, algo que es perfectamente posible según nuestra ley“.
El documento alude al presidente del directorio de Metro de Santiago, Guillermo Muñoz, y también al gerente general, Felipe Bravo. Les pide “deducir las acciones judiciales para perseguir la responsabilidad penal de aquellos adultos y adolescentes que cometieran delitos en contra de la infraestructura, trabajadores o usuarios del Metro, pero también aquellas conducentes a obtener la reparación por los daños causados”.
Bancada RN pide que Metro responsabilice a padres de adolescentes que causaron destrozos en el metro
Según los diputados RN “la legislación civil contempla la obligación de los padres de responder por los hechos que cometieren sus hijos o menores de edad bajo su cuidado, y que ocasionaren un daño injustificado, tal como ocurre con los niños y adolescentes que resuelven atacar las estaciones del Metro de manera irracional”.
En otro oficio, la bancada de RN recuerda a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que la Ley de Seguridad del Estado le entrega a la cartera “el monopolio de la acción penal para perseguir la responsabilidad penal de quienes cometieren estos hechos de concurrencia de las circunstancias que los califican como especialmente lesivos de la Seguridad Interior y el Orden Público”.
“Acá hay delitos que se deben perseguir sin lugar a dudas, y el gobierno debe evaluar, dependiendo de la magnitud de los daños y paralización del servicio, si corresponde deducir querellas por ley de seguridad“, añadió la diputada Marcia Raphael.
Por lo mismo, le piden a la ministra “agotar las herramientas legales para investigar, esclarecer y exigir las responsabilidades penales que surgieren con ocasión de estos hechos”.
