El pasado jueves 26 de octubre la Corte de Apelaciones de Arica condenó al Servicio de Salud de Arica y Parinacota. Deberá pagar $470 millones a la familia Marín-Norambuena por una negligencia.
Lo anterior, en respuesta a las gravísimas e irreversibles lesiones ocasionadas al menor Alonso Marín Norambuena al momento de su nacimiento.
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Cabe señalar que a raíz de esto, quedó con 96% de discapacidad física y mental intelectual.
El 17 de octubre de 2016 doña Daisy Norambuena acudió al Hospital Regional de Arica para el nacimiento de su segundo hijo, Alonso.
El menor de edad había presentado un normal desarrollo durante todo el embarazo. Sin embargo, producto de una serie de malas prácticas por parte del equipo médico tratante, Alonso fue víctima de un severo sufrimiento fetal por asfixia perinatal severa.
Esto lo mantiene con parálisis cerebral, epilepsia, gastrostomía, tetraplejia y otra serie de graves padecimientos que exigen vigilancia las 24 horas del día. Además, ha obligado a hospitalizarlo en innumerables oportunidades.
En concreto, la madre aseguró que durante el parto le aplicaron la maniobre de Kristeller, desaconsejada por la OMS y considerada una “mala práctica”.
Fallo de la corte tras negligencia del Servicio de Salud de Arica
Para la Corte de Apelaciones de Arica, la tardía decisión de intervenir quirúrgicamente a la madre, atendidos sus múltiples factores de riesgo (cicatriz de cesárea anterior, paciente de alto riesgo obstétrico y útero tabicado), ocasionó la rotura de su útero y el desprendimiento prematuro de su placenta.
Esto derivó en que su hijo Alonso experimentara un agudo sufrimiento fetal, al punto de casi causar su muerte por parada cardio respiratoria.
El tribunal llegó al convencimiento que ni la matrona ni el médico que integraba el equipo de salud actuaron con la celeridad que el caso ameritaba.
Esto fue corroborado con la prueba presentada en el proceso, permitiendo atribuir la responsabilidad al Servicio de Salud de Arica y Parinacota, condenándolo al pago de $200 millones por el daño ocasionado a Alonso Marín Norambuena y $90 millones a cada uno de los miembros de su grupo familiar.
Tanto el médico Miguel Cornejo Espinoza como la matrona Mayling Lee Caporata, fueron formalizados en el año 2022 por los mismos hechos y arribaron a una suspensión condicional del procedimiento en acuerdo con la Fiscalía Local de Arica, la que se mantiene vigente.
En estas acciones judiciales la familia tuvo fue representada por el estudio jurídico Diez Schwerter Abogados.
Así las cosas, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica pueden interponerse todavía recursos que trasladarían el caso ante la Corte Suprema.
