Ley Karin: cuándo entrará en vigencia y cómo se aplicará en las empresas y lugares de trabajo

El 1 de agosto de este año entrará en vigencia la Ley 21.643, también conocida como Ley Karin, que sanciona el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo.

Esta modificación en el Código del Trabajo fue nombrada así en honor a Karin Salgado, TENS que se quitó la vida tras el acoso que sufría en su entorno laboral.

La ley establece que las agresiones serán constituidas como un delito y serán investigadas por la empresa.

Es por eso que los empleadores tendrán que informar semestralmente los canales que mantiene la empresa para la recepción de denuncias sobre incumplimientos relativos a la prevención, investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo.

Además, indicarán las instancias estatales para denunciar cualquier incumplimiento a la normativa laboral y para acceder a las prestaciones en materia de seguridad social.

El Ministerio del Trabajo explicó que esta Ley "protegerá a los trabajadores y las trabajadoras de Chile".

Agregó que "incluirá a quienes se encuentren con contrato a plazo fijo, indefinido, por obra o faena. También a los trabajadores independientes que presten servicios en forma habitual en un mismo lugar de trabajo".

Denuncias y procedimientos con la Ley Karin

Los principios de investigación que regirán el proceso de denuncia e investigación aplican para el sector público y privado. Incluyen confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género.

En el sector privado, el procedimiento de investigación comienza con la presentación de la denuncia correspondiente. Se establece un plazo de 30 días para realizar la investigación, la que debe documentarse en un informe escrito. Luego, debe ser remitida a la Inspección correspondiente en casos de investigaciones internas en la empresa.

En el sector público, el proceso de investigación puede iniciarse mediante una investigación sumaria. Se dispone de 5 días hábiles para investigar, con plazos específicos para formular cargos, presentar pruebas, emitir un informe y resolver una vez que la jefatura del servicio tenga conocimiento del informe. También se contempla el sumario administrativo para casos de mayor gravedad.

El plazo máximo para concluir la investigación en el sector público es de 20 días hábiles. Sin embargo, este plazo puede extenderse hasta 60 días hábiles en caso de diligencias pendientes no cumplidas por fuerza mayor.