Fallida compra de casa de Allende: la declaración judicial que complica a Carolina Arredondo

Continúa la polémica por el fallido proceso de adquisición, por parte del Estado, de la casa que perteneció al expresidente Salvador Allende, ubicada en la calle Guardia Vieja, en la comuna de Providencia.

La compra, cuyo valor ascendía a $933 millones, fue detenida debido a "una incompatibilidad respecto de la estructura de propiedad de esa vivienda en particular", explicó Gabriel Boric.

El inmueble tiene como una de sus copropietarias a la nieta de Allende y actual ministra de Defensa, Maya Fernández. Este vínculo generó un conflicto, ya que Fernández, en su calidad de ministra, estaría impedida de realizar contratos con el Estado.

En ese contexto, el caso ahora complica a Carolina Arredondo, ministra de Las Cultura, consignó Reportajes T13.

¿La razón? Una funcionaria de gobierno habría advertido al jefe de gabinete de Cultura de las negativas implicancias que podría tener el negocio.

Según el testimonio de la directora de Servicio de Patrimonio Cultural, Nélida Gómez, su jefa de gabinete le escribió a Gonzalo Pinto, mano derecha de la ministra, para advertirle sus reparos.

"En la minuta de compra de casas presidenciales... pusimos que se debe tener presente que en la sucesión, existirían dos personas miembros, quienes tiene la calidad de autoridades: Isabel Allende y Maya Fernández", indicó.

En aquella minuta se informa de los posibles efectos de esa adquisión. "Este proyecto puede tener fuertes detractores, por lo que es necesario coordinar las comunicaciones a fin que se encuentre coordinada para cualquier evento", se avisa.

En ese sentido, surge la duda de si esos reparos fueron informados por Carolina Arredondo a Presidencia, y qué se hizo con esa sensible información.

Según los antecedentes de la investigación, la idea original era que el inmueble fuera adquirido por el Servicio de Patrimonio Cultural, desde donde vinieron las primeras alertas.

Desde el Ministerio de Las Culturas, en tanto, enviaron una declaración pública por escrito. "Todos los antecedentes fueron entregados a Fiscalía y son parte de un proceso investigativo sobre el cual no corresponde referirnos", indicaron.