A paso firme avanza la tramitación del proyecto de ley de identidad de género en la Sala del Senado, pese a que la votación de algunas indicaciones no dejaron conformes a las organizaciones que apoyan la iniciativa que se discute desde hace 4 años en el Congreso.

En su segunda jornada de debate en particular, la Sala del Senado avanzó en varios artículos del proyecto, en primer trámite, que reconoce y da protección a la identidad de género.

Entre los artículos más relevantes, la Cámara Alta aprobó que las personas transexuales mayores de 18 años puedan cambiar su nombre y sexo legal en el Registro Civil, evitando ir a los tribunales.

Asimismo, se rechazó la idea de que terceros puedan oponerse al cambio de nombre y sexo legal, como padres, madres, hijos, cónyuges y convivientes civiles de los/as solicitantes y que había sido aprobada en la discusión durante su paso por la Comisión de Derechos Humanos.

Para el presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique Pi, comentó que “nos alegra que, por amplia mayoría, se haya rechazado la indicación que permitía la oposición de terceros al ejercicio de este derecho”.

En tanto, desde el Movilh valoraron este proyecto asegurando que “es mejor que el original, el cual sólo trasladaba desde tribunales civiles a los de familia el proceso de cambio de nombre y sexo legal, sin embargo, violenta las libertades y el interés superior del niño al excluir a los menores de 18 años y a los casados”.

Esto último, porque el proyecto impide a niños, niñas y personas casadas la rectificación de la partida de nacimiento.

Certificado médico

Sin embargo, hubo una indicación que causó amplio rechazo en las organizaciones de la diversidad sexual.

Y es que entre las indicaciones aprobadas, por 12 votos a favor y 7 en contra, se encuentra un artículo que establece que para realizar la solicitud de cambio de identidad de género se debe acompañar un certificado de exámenes médicos, lo que generó un amplio debate en el hemiciclo.

Según el autor de la indicación, el senador Ignacio Walker, se trata de “una norma que va en beneficio del peticionario, pues diversos expertos advierten que en algunos casos se ha advertido un desorden de personalidad”.

Al respecto, desde la Fundación Iguales rechazaron esta indicación, que a juicio de Juan Enrique Pi, es “patologizante”.

En esa línea, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, sostuvo que “aquí los niños y niñas trans están siendo tratados como enfermos. La exigencia de certificados médicos es abusiva, inhumana y patologizante”.

Cabe destacar que la celeridad en la tramitación de la Ley de Identidad de Género alcanzada en los últimos meses es parte de la solución amistosa que el Estado firmó con el movimiento LGBTI con la mediación de la CIDH, según destacó el Movilh.